Rafael Uzcátegui
El 4 de junio de 2015, después que algunas organizaciones
habíamos participado en el examen al Estado venezolano sobre el nivel de
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, realizado en Naciones Unidas, el presidente Nicolás Maduro asumió
la batuta en la criminalización a las ONG´s. En una nota, publicada por Correo
del Orinoco, se informó por lo dicho por el primer mandatario: “ONG venezolanas
que son apátridas y ONG internacionales que le sirven a los intereses del
imperio (…) El jefe de Estado señaló que muchas de las referidas organizaciones
están constituidas por venezolanos de nacimiento”. Sí, leyó bien: venezolanos
por nacimiento. En uno de sus lapsus habituales Nicolás Maduro confundió los
términos, pues quería decir “venezolanos por naturalización”. Maduro se hacía
eco de los comentarios televisados realizados por el presidente de la Asamblea
Nacional, Diosdado Cabello, quien en cada uno de sus programas aludía a la
procedencia colombiana del anterior Coordinador General de Provea, Marino
Alvarado, naturalizado y con más de 40 años de residencia en el país. Era la
primera vez que constatábamos comentarios discriminatorios contra personas no
nacionales por parte del primer mandatario. Lamentablemente, era apenas el
principio.
Un día después, el 5 de junio, reiteraba los deslices
discriminatorios. Citamos a Últimas Noticias: “El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, afirmó que Colombia, país con el que comparte la mayoría de su
frontera, se ha convertido en un "exportador de pobreza" hacia el
país petrolero donde, dijo, existe una comunidad de 5,6 millones de
colombianos. Estos inmigrantes "se vienen y todo lo que traen es necesidad
y pobreza, todos vienen buscando educación, trabajo, salud, y vivienda.
Colombia se ha transformado en una exportadora neta de pobreza hacia
Venezuela”. De esta manera el primer mandatario instalaba públicamente una
matriz de opinión para los hechos “sobrevenidos” a continuación.
Un mes después, al desplegar el llamado “Operativo de
Liberación del Pueblo” se justificaban los abusos de poder en zonas populares
como acciones para detener al paramilitarismo colombiano, supuesto responsable
de la situación de inseguridad, violencia y desabastecimiento padecido por el
país. Las notas de prensa oficiales hacían énfasis en la cantidad de ciudadanos
de tal nacionalidad detenidos en cada operativo. En el caso de la ciudad de
Caracas, como ha constatado Provea, la orden era someterlos a un proceso de
deportación independientemente si las personas tenían sus papeles en regla o no
estaban vinculados a delitos.
El ataque de grupos armados irregulares contra militares
venezolanos ha sido tomado como motivo para cerrar la frontera y dictar el estado
de excepción en varios municipios fronterizos del estado Táchira, una medida
desconocida en tiempos del presidente Hugo Chávez. Por citar un caso, en marzo
de 2012 dos militares fueron asesinados en un enfrentamiento cerca de la
localidad de Rubio, y en ningún momento el presidente ordenó lo de hoy.
El presidente Maduro falsea las estadísticas y confunde los
términos para justificar la arbitrariedad. El 20 de agosto afirmó: “Del 1 de
enero al 31 de julio de 2015, han ingresado legalmente a Venezuela 121.834
colombianos y colombianas nuevos. ¡Es el éxodo más grande que se da en el campo
migratorio en el mundo!”. No es cierto que, en este momento, se esté viviendo
una situación de desplazamiento similar a otros tiempos, cuando los efectos del
Plan Colombia y el conflicto armado obligaban a cientos de familias colombianas
buscar seguridad en nuestro país. Si se habla de “ingreso legal” es de personas
que han sellado su pasaporte en extranjería, lo cual no tiene nada que ver con
deportaciones masivas forzadas. Las cifras del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) hablan de otra realidad. Hasta el año 2011
se habían recibido 19.390 solicitudes de refugio en el país, de las cuales el
98% eran de personas provenientes de Colombia. De esta cifra apenas se habían
otorgado a 2.022 personas el estatus de refugiados y refugiadas.
La situación de frontera había sido descuidada hasta el día
de hoy. En el año 2009 Hugo Chávez anunció la discusión y aprobación de una Ley
Orgánica de Fronteras, lo cual aún se mantiene en deuda.
Cualquiera sea la condición migratoria de las personas en
territorio venezolano hay derechos que no pueden ser suspendidos, como el
derecho a la vida, la integridad y la libertad personal. Otra garantía es la
del derecho al debido proceso, por lo que el procedimiento de deportación tiene
un procedimiento que debe ser respetado. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha establecidos que los migrantes tienen derecho a ser oídos, a tener
toda la información sobre el procedimiento en su contra, acceso a
representación legal y revisión judicial, acceso a las autoridades consulares y
condiciones de detención apropiadas.
